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Modificación del mecanismo de interrumpibilidad eléctrica

El Ministerio de Energía tiene previsto modificar el sistema de la interrumpilibilidad de la demanda eléctrica, mecanismo de seguridad que permite desconectar a grandes industrias en caso de necesidad a cambio de una retribución, en cuanto se apruebe el nuevo marco regulatorio comunitario, previsto para el próximo año.

En dicho paquete normativo se contempla una reforma de los actuales mecanismos de seguridad y capacidad, cuestionados por Bruselas, que tiene una investigación abierta a varios países europeos, entre ellos España.

Por esa razón, la cartera dirigida por Álvaro Nadal ha decidido que durante el año que viene la interrumpibilidad se aplique durante seis meses en lugar de un año entero, como recoge la Orden ETU/97172017, publicada el pasado 11 de octubre.

OPOSICIÓN DE LA CNMC

Sin embargo, esa reducción del plazo ha sido interpretado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como un menoscabo de sus funciones como órgano consultivo,  en un nuevo episodio en la controvertida relación entre ambas instituciones.

Por su parte la CNMC propone que REE, en tanto que Operador del Sistema, desarrolle una metodología para saber cuánta interrumpibilidad se necesita en función de la demanda, en vez de limitarse a introducirla «como un dato de partida en el análisis de cobertura y no como una variable resultante de un cálculo». Así mismo, muestra su disconformidad con el modo de proceder de la Secretaría de Estado de Energía porque ya ha publicado, antes que la CNMC enviara su correspondiente informe, la Resolución de 11 de octubre de 2017, por la que se aprueba el calendario y las características de las subastas del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad.

MECANISMO INNECESARIO

El origen de este mecanismo se remonta a los años ochenta a consecuencia de los apagones que se producían por no existir un parque eléctrico suficiente para abastecer la demanda. En los últimos años el crecimiento de la oferta hizo innecesaria la existencia de dicho mecanismo y, de hecho, desde 2009 no ha habido ninguna necesidad de abordarlo y solo se han emitido órdenes para comprobar el funcionamiento del sistema. Sin embargo, REE lo considera necesario para tener seguro el suministro en caso de incidencia.

Durante estos años, antes de cambiarse el sistema, se habían beneficiado del mismo grandes consumidores de energía como las siderúrgicas, metalúrgicas, químicas, papeleras o cementeras que ingresaron una cantidad cercada a los 3.000 millones procedentes del sistema.

Estas empresas recibían una cantidad de REE por interrumpir sus centros productivos, la cuál se había convertido en unos ingresos fijos anuales. El coste llegó a ser de 677 millones de 2013, lo que disparó las sospechas de las autoridades de Competencia Comunitarias de que eran ayudas de Estado y provocó que el entonces Ministerio de Industria introdujese el mecanismos de subasta, con lo que daba entrada a la competencia con la participación de los consumidores que lo considerasen necesario.

La implantación de la subasta ha cambiado el panorama: los participantes pujan por el precio que van a recibir por interrumpir su suministro o, lo que es lo mismo, dejan que la electricidad que iban a consumir se la quede la red. La puja se hace por centro productivo y no por el conjunto de la empresa. Los grandes consumidores se han encontrado con rivales en una subasta que antes no existía y que no les importa bajar el precio porque no lo tienen contabilizado en sus cuentas.

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